Gobierno mantiene en el limbo a familias separadas

SAN DIEGO – Un juez de Estados Unidos destacó el viernes que el Gobierno federal haya reunido a varias familias inmigrantes que fueron separadas en la frontera, pero criticó que aún tenga en el limbo a cientos de niños sobre cuyos padres no tiene rastro.

Durante una audiencia en una corte de San Diego, California, el magistrado Dana Sabraw concedió un “gran crédito” al esfuerzo del Gobierno de devolver con sus padres o apoderados a 1,820 niños inmigrantes entre 5 y 18 años de edad antes de que se venciera el plazo del jueves, no obstante precisó que resta resolver la reunificación del resto de familias.

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En la sesión del viernes los abogados del Departamento de Justicia informaron que todavía 650 menores no son elegibles para ser entregados a sus padres, entre los que figuran 431 niños de progenitores que fueron deportados y algunas decenas que no han logrado ser contactados tras quedar liberados de la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El magistrado manifestó que es un fallo del Gobierno que se perdiera el rastro de varios padres y recalcó que la siguiente fase corresponderá a su localización.

Scott Stewars, abogado del Gobierno, dijo que la Administración ha trabajado de “buena fe” para cumplir con el plazo estipulado por la corte, lo que fue refutado por ACLU, la organización que entabló una demanda contra el Gobierno por la separación de familias inmigrantes como consecuencia de la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal.

“Es como si el Gobierno quisiera un aplauso por limpiar su propio desorden. Todavía hay cientos de niños que no han sido reunificados, el trauma causado a estos niños podría nunca irse”, señaló en una posterior rueda de prensa el subdirector y abogado principal en esta materia de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt.

EFE/Jason de León/Cortesía Proyecto de Migración Indocumentada

Durante la audiencia, el Gobierno informó que unas mil familias reunificadas cuentan ya con una orden y fecha de deportación, de las cuales 392 están aún bajo custodia de las autoridades migratorias mientras que el resto se encuentra en libertad, aunque con un grillete electrónico.

Los abogados de ACLU insistieron el viernes en la necesidad de que tras ser reunidas las familias tengan un plazo de por lo menos siete días antes de que se proceda con su deportación, a fin de que estudien sus opciones, entre ellas dejar a sus hijos en Estados Unidos con un tutor.

Gelernt dijo que para los padres podría ser “la última vez que ven a sus hijos”, además de tomar en cuenta los efectos emocionales ocasionados en muchos niños, algunos de los cuales han llegado “a culpar a sus padres” de abandonarlos o tienen miedo de separarse de ellos.

“El trauma es mucho más grande de lo que pensábamos”, afirmó.

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El abogado aludió además a un grupo de 120 padres que renunciaron a su derecho de reunificación, algunos de los cuales tomaron una decisión apresurada basada en información “engañosa” o sin comprender el idioma.

El Departamento de Justicia se ha mostrado en contra del plazo de siete días solicitado por ACLU ya que, señala, no cuentan con el espacio para albergar a familias en detención.

El magistrado no se pronunció el viernes sobre la cuestión, probablemente lo haga el fin de semana, y mientras tanto se mantiene la suspensión de la deportación expeditiva para estas familias que decretó semanas atrás.

Aunque la audiencia de este viernes ha sido la última en que ambas partes comparecerán en la corte, el juez ha pedido al Gobierno que entregue a ACLU toda la información que tenga sobre los padres que ya no se encuentran en el país y busque una forma de contactarlos.

Asimismo, el magistrado solicitará actualizaciones semanales del proceso de reunificación de las familias que aún están dentro del grupo de no elegibles.

Dado que no descartó que continúen las separaciones de familias aunque por otras circunstancias, instó a que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el de Seguridad Nacional y el de Justicia tengan un protocolo de comunicación y un plan permanente para una eventual reunificación.

El Gobierno tenía de plazo hasta antes de que terminara este jueves 26 de julio para reunir con sus padres a 2,551 menores indocumentados entre 5 y 18 años, aunque finalmente las autoridades dieron cuenta de la reunión de más 1,800 familias que consideró que eran elegibles para ello, lo que fue calificado de “fracaso” por organizaciones civiles.

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