El parlamento francés endurece la ley contra la inmigración irregular

Con 100 votos a favor, 25 en contra y 11 abstenciones, el Parlamento francés, dominado por el partido del presidente Macron, aprobó el proyecto de ley sobre inmigración que reforzará la expulsión de aquellos que no tengan derecho a asilo.

        La aprobación de la ley no fue un proceso fácil. El endurecimiento de la política migratoria frente a migrantes sin derecho a recibir asilo ha levantado revuelo y ha sido el centro de frecuentes desacuerdos entre el Senado y la Asamblea Nacional (AN) en Francia.

Sin embargo, finalmente la AN, dominada por La República en Marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron, decidió dar el visto bueno al proyecto de Ley con 100 votos a favor, 25 en contra y 11 abstenciones este 1 de agosto.

Entre las novedades que recoge la ley, se destaca un cambio respecto a la ayuda al transporte y a la estancia de los extranjeros en situación irregular, algo que hasta el momento constituía el llamado “delito de solidaridad” y que a partir de ahora estos actos ya no serán penalizados si los ciudadanos demuestran haber brindado una ayuda desinteresada.

Por un lado, la nueva ley reducirá el tiempo tanto para presentar demandas de asilo como para tramitar peticiones, de cuatro a tres meses y de 11 a 6 meses respectivamente. En el caso de la presentación de recursos, los tiempos se reducirán de un mes a 2 semanas. Además, el tiempo para retener a una persona hasta que se verifique su documentación, se incrementará de 16 a 24 horas.

Por otro lado, el periodo de retención para aquellos en proceso de expulsión aumentará de 45 a 90 días con el objetivo de dar más tiempo a las autoridades para negociar la repatriación con los países de origen.

Cimade: el texto “consagra una verdadera caída de los derechos para los extranjeros”

Uno de los puntos polémicos es el de exigir a los menores nacidos en la isla de Mayotte, uno de los territorios franceses de ultramar, que uno de los padres haya estado en situación regular en el territorio nacional al menos tres meses en el momento de nacimiento, como condición para concederles la nacionalidad.

Aunque el proyecto de ley facilita la reunificación de los menores con sus padres y hermanos y establece que un país que persigue a los homosexuales no puede ser considerado “seguro”, diversas asociaciones humanitarias lo han calificado de “represivo”.

Para algunas como la Cimade, el texto “consagra una verdadera caída de los derechos para los extranjeros”, a pesar de que este tuvo modificaciones desde la presentación en Consejo de Ministros el pasado febrero.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, la nueva ley entrará en vigor entre los próximos 1 de enero y 1 de marzo.

Con EFE

Primera modificación : 02/08/2018

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