El lucrativo negocio de inmigración

Desde el centro del poder el ejemplo de los políticos, ministros y funcionarios del Gobierno dominicano no es el más loable. A propósito, ¿cuál es la causa de este razonamiento?, es que en República Dominicana lo que huele a moralidad el Gobierno trata de corromperlo para que gire a su favor aunque le cueste la inversión que sea necesaria.

Es ahí donde se desvelan las negociaciones fraudulentas provenientes del Estado, donde cualquier ciudadano, sin importar su status, pone al servicio del Gobierno un medio de comunicación y finalmente termina recibiendo miles de pesos por convertirse en bocina de los diferentes ministerios.

El negocio lucrativo de la inmigración haitiana, el soborno y la corrupción administrativa, han hecho millonarios a periodistas que utilizan programas televisivos, columnas y bloggers para promover la moral y que después se ensañan contra los buenos dominicanos que defendemos la nacionalidad.


Algunos de estos periodistas no son críticos del Gobierno de turno porque todavía no han sido colocado en las “nominillas del soborno para callarlos”, sin embargo, cuando se toman  decisiones que tocan a los inmigrantes haitianos utilizan los medios y descargan sus furias contra todo aquel que defiende la nacionalidad.

En contraposición al negocio de la inmigración, comunicadores y periodistas que se llenan los bolsillos a través de organismos internacionales, los cuales presionan al Gobierno para que permita la invasión desmedida de nacionales haitianos, también tienen como sustento la política y defienden la corrupción administrativa en contra de la estabilidad económica de la nación, mientras otros se hacen las víctimas cuando son atacados.

La inmigración es el negocio más lucrativo, no esencialmente para los países que reciben los inmigrantes, sino para los Gobiernos de las naciones de donde vienen esos inmigrantes, que abandonan sus naciones con el sueño de mejorar económicamente y garantizar una vida más útil a las familias. La estrategia de los gobiernos es recibir más y más remesas de los inmigrantes para robar más e invertir menos en el desarrollo de los países.

Legalizar cuatro millones de haitianos es una táctica bien orquestada por el Gobierno que tiene como garantía el triunfo de las elecciones del 2020, debido a la impopularidad y los bajos porcentajes que se reflejan en las encuestas políticas, excepto las pagadas para hacerle creer al pueblo que la economía del país está marchando a la perfección.

A este desparpajo mediático es que responden algunos representantes de medios que entienden el periodismo un negocio por encima del manejo pulcro de los recursos públicos, dilapidados con disimulo y cerrando los ojos ante las exigencias de transparencia en la administración pública.

La inmigración es un negocio al cual se le está sacando mucho beneficio, el Gobierno lo sabe y se hace cómplice de aquellos que utilizan las fronteras para negociar con los haitianos por encima de los principios constitucionales y las leyes migratorias.

No podemos permitir que en pleno Siglo XXI se repita una segunda ocupación haitiana en República Dominicana como la acontecida el 9 de febrero de 1822, encabezada por Jean-Pierre Boyer, que se mantuvo por más de 22 años, hasta el 27 de febrero del 1844, la cual dejó en el país secuelas de problemas; y aún así seguimos albergando a los haitianos por encima de los derechos que les corresponden a los dominicanos.

Los periodistas somos notarios de la historia, como relata en uno de sus enjundiosos escritos, Germán Rey, y en el océano de la información, los usuarios necesitan de ese notario, de ese seleccionador, de ese verificador de las noticias, para que les ayude a comprender. Esa debe ser la función del periodista, no vender sus principios al mejor postor.

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