Casa Blanca busca limitar ciudadanía a inmigrantes legales

La administración del presidente Trump se apresta a presentar una propuesta en las próximas semanas que podría hacer más difícil para los inmigrantes legales obtener la ciudadanía estadounidense o la residencia permanente si se ha usado algún programa de beneficios públicos, incluido Obamacare, según le manifestaron a NBC News cuatro fuentes con conocimiento del plan.

El proyecto, que no necesita aprobación congresional, es parte del plan para limitar el número de inmigrantes que obtienen estatus legal en los Estados Unidos, diseñado por el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Los detalles de la propuesta están siendo finalizados, pero basados en borradores vistos la semana pasada y descritos a NBC News, los inmigrantes que viviendo legalmente en el país han usado para ellos o para algún miembro de su familia Obamacare, seguro de salud para niños, estampillas de comida y otros beneficios pueden ser objeto de la negación de su solicitud de ciudadanía.

Abogados de inmigración y personas que abogan por el tema dicen que este puede ser el mayor cambio al sistema legal de inmigración en décadas y estiman que más de 20 millones de personas podrían ser afectadas. Aseguran que será especialmente duro para aquellos que no reciben suficiente dinero en sus trabajos para apoyar a sus familias.

Usar algunos beneficios públicos, como los servicios médicos del Seguro Social, ya le han negado a los inmigrantes la posibilidad de obtener un estatus en el pasado, pero los programas incluidos en el borrador de este plan podría significar que los hogares que ganen hasta 250% por encima del nivel de pobreza ($62,700 para una familia decuatro personas) podrían ser rechazados.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo: “La administración se compromete a hacer cumplir la ley de inmigración existente, que claramente tiene la intención de proteger al contribuyente estadounidense al garantizar que los ciudadanos extranjeros que buscan ingresar o permanecer en los Estados Unidos sean autosuficientes. Los cambios garantizarían que el gobierno tome en serio la responsabilidad de ser buenos administradores de los fondos de los contribuyentes y resuelva las solicitudes de beneficios de inmigración de acuerdo con la ley”.

Miller, junto con varios de sus ex colegas en el Congreso que ahora ocupan cargos prominentes en la administración Trump, han buscado durante mucho tiempo disminuir la cantidad de inmigrantes que obtienen estatus legal en los Estados Unidos cada año. E incluso antes de que la norma esté en vigencia, la administración ha hecho que sea más difícil para los inmigrantes obtener tarjetas de residencia y para los titulares de tarjetas verdes para obtener la ciudadanía.

En el año fiscal 2016, el último año fiscal bajo la administración Obama, 1,2 millones de inmigrantes se convirtieron en residentes legales permanentes y 753,060 se hicieron ciudadanos estadounidenses, según datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).

Los datos del primer trimestre del año fiscal 2018 indican que la administración está en camino a una disminución de los inmigrantes con tarjetas de residencia en un 20% y la ciudadanía por naturalización se reducirá en un 10% a fines de octubre en comparación con el año fiscal 2016.

Cuatro abogados de inmigración que ejercen en Massachusetts, Virginia, Tennessee y California dijeron a NBC News que notaron un aumento en el número de clientes que fueron rechazados cuando buscaban tarjetas de residencia y así como ciudadanía.

En un comunicado, el portavoz de USCIS, Michael Bars, dijo: “USCIS evalúa todas las solicitudes de manera justa, eficiente y efectiva caso por caso”.

“Contrario a los defensores de las fronteras abiertas, abogados y activistas de inmigración”, dijo Bars, “USCIS no ha cambiado la forma en que se han adjudicado las solicitudes de naturalización, ya que la ley generalmente requiere que un solicitante elegible debe haber sido admitido adecuadamente para la residencia permanente previamente para convertirse en ciudadano estadounidense. … Rechazamos los reclamos falsos e inexactos de aquellos que prefieren que EE.UU. se haga el de la vista gorda ante casos de inmigración ilegal, fraude, tráfico humano, actividad de pandillas y proliferación de drogas a expensas de la seguridad pública, la integridad de nuestras leyes y su fiel ejecución”.

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Rosemary Jenks, vicepresidenta ejecutiva de NumbersUSA, que promueve la inmigración limitada, dijo que la nueva regla y el mayor escrutinio sobre la tarjeta de residencia y las solicitudes de ciudadanía son parte de un nuevo enfoque en el Departamento de Homeland Security para hacer cumplir la ley y prevenir el fraude.

“Las solicitudes de renovación o ajuste de estatus que se han presentado ante el gobierno antes se están reexaminando para buscar fraude”, dijo Jenks.

A la luz de esto, los abogados de inmigración advierten a sus clientes antes de pasar del estado de residente al de la ciudadanía.

Rose Hernández es abogada supervisora en el programa de naturalización de la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee. Ella dijo que el modelo del programa ha cambiado completamente a la luz de la represión. Ahora envía seis solicitudes de información a las agencias gubernamentales para verificar los antecedentes de los titulares de la residencia permanente antes de que les aconseje que soliciten la ciudadanía. Si el gobierno encuentra algo que ella no sabe, el temor es que los solicitantes podrían perder sus tarjetas de residencia y ser enviados a casa.

Ya otros abogados de inmigración se preparan para rechazar ferozmente la regla de la carga pública.

“Cualquier política que obligue a millones de familias a elegir entre la negación del estatus y la alimentación o la atención médica exacerbaría problemas graves como hambre, necesidades de salud no satisfechas, pobreza infantil y falta de vivienda, con consecuencias duraderas para el bienestar de las familias y el éxito a largo plazo y de prosperidad comunitaria “, dijo el Centro Nacional de Leyes de Inmigración en un comunicado.

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