Activistas condenan suspensión de programa de asesoría legal para inmigrantes

El “Programa de Orientación Legal” ofrece ayuda a 53,000 inmigrantes al año en todo el país

WASHINGTON— Activistas de la comunidad inmigrante condenaron este miércoles la decisión de la Administración Trump de suspender un programa de asesoría legal para inmigrantes en centros de detención, al advertir que esa medida golpeará a personas en trámites de deportación en todo el país.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR), de la que dependen los tribunales de Inmigración, informó ayer al Instituto Vera para la Justicia que suspenderá el “Programa de Orientación Legal” (LOP, en inglés), con el que los inmigrantes aprenden sobre sus derechos cuando son detenidos.

La EOIR no ha hecho oficial el anuncio de la auditoría pero éste se filtró a la prensa ayer.

La entidad consideró que ya es tiempo de que el programa, financiado por el gobierno federal, sea evaluado para medir su eficacia, algo que no se había hecho en seis años. También informó de que evaluará otro programa del Instituto que ofrece información a inmigrantes en procesos judiciales en Chicago (Illinois), Miami (Florida), Nueva York, Los Angeles (California) y San Antonio (Texas).

El año pasado, el “Programa de Orientación Legal” ofreció talleres de información a 53,000 inmigrantes en proceso de deportación en cerca de una veintena de estados, incluyendo California y Texas.

El “LOP” fue establecido en 2003 y funciona con la colaboración de más de una decena de organizaciones sin fines de lucro. El Congreso incluso aprobó fondos para su funcionamiento en el año fiscal 2018.

Típicamente, los inmigrantes reciben información sobre sus derechos antes de comparecer ante un juez de Inmigración, incluyendo el derecho a buscar un abogado, costeado de su propio bolsillo.

Además reciben talleres de información y referencias a abogados que trabajan de forma gratuita.

Activistas de la comunidad inmigrante condenaron hoy la “cruel” suspensión del programa “LOP”, al indicar que en muchas ocasiones son la tabla de salvación de los inmigrantes indocumentados en vías de deportación.

Los jueces de inmigración, de hecho, han descrito el manejo de casos de deportación como “casos de pena de muerte, pero en tribunales de infracciones de tránsito”. Es decir, el sistema es confuso y complejo, y los inmigrantes se apoyan en “LOP” para orientarse a través del sistema

Benjamin Johnson, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), dijo que eliminar el programa, establecido hace 15 años bajo la Administración Bush, privará al sistema de tribunales de inmigración de los recursos que necesita para garantizar su compromiso con la justicia y el debido proceso.

Quitarle fondos a “LOP” y otras herramientas, como el escritorio de información sobre tribunales, “significa que muchos miles de personas pasarán por el sistema sin entender sus derechos y cómo funciona el proceso… el sistema de cortes será menos justo, menos eficiente, y más caro”, explicó Johnson.

Otra consecuencia será que los casos se retrasarán y los inmigrantes tendrán detenciones más prolongadas, lo que costará a los contribuyentes “millones de dólares” adicionales, advirtió Johnson, quien calificó el anuncio como un “asalto al debido proceso y la justicia fundamental”.

Por su parte, Karen Lucas, directora de la Campaña de Justicia de Inmigración, un proyecto del “American Immigration Council”,  consideró que la suspensión del programa es una decisión “miope que no beneficiará a a nadie.

Lucas señaló que, según estudios, el “LOP” reduce las estancias en los centros de detención y aumenta la probabilidad de que los inmigrantes reciban un trato justo en sus casos.

Farrin Anello, abogado de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) en  Nueva Jersey, pidió que, en vista de esta decisión, la legislatura estatal debe actuar con urgencia para aprobar fondos para un programa de “representación universal” para inmigrantes de bajos recursos que afrontan trámites de deportación.

Otras organizaciones, incluyendo el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, y el “American Friends Service Committee” también urgieron medidas locales para compensar la ausencia del programa “LOP”.

También con el argumento de mejorar la eficacia del sistema, el fiscal general, Jeff Sessions, apretó las tuercas para que los jueces de inmigración agilicen la resolución de casos de deportaciones, imponiéndoles una cuota de al menos 700 casos al año para obtener una calificación “satisfactoria”.


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